La entidad aseguró que “el cobro desmedido e irregular en el Acceso Sánchez constituye un virtual peaje municipal encubierto” que afecta “el tránsito pesado, la logística de las empresas y la competitividad de la producción nacional”.
En las últimas horas, como informó Agencia DIB, se conoció un conflicto entre entidades empresarias de transporte y el municipio de la ciudad de Ramallo por el cobro de una tasa al transporte pesado. Ahora se manifestó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que expresó “su más enérgico rechazo” a la medida y se sumó al pedido de la intervención de autoridades nacionales y provinciales en el caso.
En un comunicado titulado “Peaje ilegal en Ramallo: rechazo de la CAC a las barreras al comercio y la aduana interior”, la entidad afirma que la tasa es un “cobro irregular e inconstitucional sobre el tránsito pesado”. Y comenta que “a través de la Licitación Pública N°3/25, la comuna adjudicó la colocación de pórticos tecnológicos para el cobro de tarifas que alcanzan hasta $ 37.000 por pesaje dinámico y $ 25.000 adicionales por el ingreso a predios sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez). Se trata de una arteria de tan solo 5,1 kilómetros de extensión que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás”.
Destaca que “al no existir rutas o caminos alternativos de ingreso ni egreso para el tránsito pesado, la medida opera en la práctica como una aduana interior y un peaje municipal encubierto”.
La CAC señala que el valor de la tasa “es desmedido y no guarda ningún tipo de relación con los costos de conservación del tramo vial”. Así, genera “un costo por kilómetro desproporcionado que supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales y puentes interjurisdiccionales del país, que se suman a la sobretasa del 2% por cada litro de combustible que la comuna cobra desde el mes de enero”.
En este sentido, la entidad “respalda las acciones administrativas y judiciales iniciadas por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y acompaña el pedido de urgente intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades provinciales correspondientes para disponer la inmediata suspensión de este peaje irregular y restablecer las condiciones normales para el desarrollo de la actividad comercial e industrial”.
Agrega que “durante los últimos meses, la CAC se pronunció en contra de conductas similares a la que acontece en Ramallo, entre las que se destacan las aduanas paralelas internas, la creación de tasas municipales y la exigencia de impuestos como el mencionado gravamen aplicado al combustible, que no hacen más que incrementar la presión tributaria subnacional, atentando contra el proceso de paulatina reducción de la carga impositiva que lleva adelante el Gobierno Nacional”.
Y resalta que hay una situación “paradigmática” en la provincia de Misiones, “cuyos regímenes de recaudación, que se aplican sobre las cargas que transitan por el territorio, constituyen auténticas aduanas interiores que perturban la operatoria de las empresas, obligándolas a asumir costos adicionales, ya sea por las retenciones impositivas que se le aplican o por los desvíos que se ven empujadas a realizar para evitar ingresar a la provincia”.
El comunicado de la CAC cierra: “Estas distorsiones encarecen la cadena logística global y terminan impactando indefectiblemente en los precios finales o restando competitividad a las exportaciones, derivando en un perjuicio generalizado para la sociedad en su conjunto”.
Tanto FADEEAC como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) denunciaron el cobro de la tasa ante la Secretaría de Transporte, aunque la Municipalidad aseguró que el nuevo sistema reemplaza el pago que anteriormente se realizaba directamente en las playas de las plantas. Por ese motivo, rechazó que los transportistas deban afrontar dos cobros por el mismo concepto.
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