En menos de cinco días, la crisis financiera del Ueno Bank en Paraguay provocó la caída del ahora ex mandatario, quien está arrestado e investigado.
El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegaba este sábado a la Fiscalía.
El equipo de la fiscalía especializada en delitos económicos, encabezado por el doctor Christian Benítez.
El ex presidente de Paraguay Santiago Peña fue llevado este sábado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. El exmandatario se encuentra bajo investigación judicial por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, lavado de activos, tráfico de influencias e infracciones informáticas.
Las pesquisas de la Fiscalía buscan determinar el grado de responsabilidad penal de Peña, quien en sus declaraciones juradas del año 2023 figuraba como un importante accionista y poseedor de millonarios fondos en certificados de depósito dentro del grupo financiero Ueno Bank, cuya caída provocó una crisis sin precedentes en el país.
Sin esposas y con custodia policial, Santiago Peña concurrió a la Fiscalía especializada en delitos económicos a cargo de Christian Benítez este sábado antes del mediodía. Fue a declarar acompañado por Ricardo Preda, uno de sus abogados, quien en el Senado había insinuado que en caso de ser condenado su defendido recurrirá a tribunales internacionales.
Tras escuchar al expresidente, la Fiscalía imputó a Peña y a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, por “lesión de confianza”, “administración en provecho propio” y pidió prisión preventiva e inhibición de bienes para ambos. En menos de cinco días, Sebastián Peña pasó de ser Presidente a estar detenido en un cuartel y con grandes posibilidades de terminar en una cárcel federal.
La crisis estalló el martes 3 de noviembre tras la intervención e insolvencia de Ueno Bank, entidad donde la justicia y la oposición investigan un presunto conflicto de intereses e irregularidades en el manejo de fondos públicos. Se cuestiona la colocación de millonarios recursos provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS) -unos 380 millones de dólares- y del presupuesto estatal en la entidad bancaria en la que Peña había tenido participación accionaria.
El pánico financiero y el congelamiento de depósitos en la entidad que reúne más de tres millones de cuentas generaron un fuerte descontento social y llevaron a la oposición a promover un juicio político en el Congreso por “mal desempeño y presunta cooptación del Estado”.
Ante la inminencia del avance del juicio político, Peña presentó su renuncia al cargo; sin embargo, el Congreso no la aceptó y llevó adelante el juzgamiento que derivó en la pérdida de sus fueros presidenciales y en su destitución ya que el Senado lo declaró culpable por «mal desempeño de sus funciones”.
Conforme al orden de sucesión constitucional, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura de Estado para completar el período gubernamental al que le restan dos años.
El equipo de la fiscalía especializada en delitos económicos, encabezado por el doctor Christian Benítez.
Fuente: Agencia DIB
