La posible intervención privada en los caminos debe tener controles técnicos de ingenieros para evitar problemas de manejos hídricos, ambientales y estructurales, señalan desde el Colegio profesional.
En varios distritos bonaerenses, como Cañuelas, Azul y 9 de Julio, comenzó a discutirse la posibilidad de que productores agropecuarios se organicen para financiar y ejecutar el mantenimiento de caminos rurales. En ese contexto, desde el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, si bien expresaron su apoyo a la iniciativa, advirtieron que el nuevo esquema “solo puede desarrollarse si se cuenta con proyectos elaborados y dirigidos por profesionales ingenieros matriculados en la Provincia”, para evitar problemas de manejos hídricos, ambientales y estructurales.
El presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge O. Castellano, sostuvo que la participación del sector privado para financiar infraestructura puede ser una alternativa válida frente a la escasez de recursos públicos, pero remarcó que “el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”.
“Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente”, explicó el profesional.
Jorge O. Castellano, titular del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.
Según expresaron los ingenieros en un comunicado, uno de los principales puntos de preocupación del Colegio pasa por “las consecuencias que puede generar una intervención incorrecta sobre un camino rural”.
“Modificar cunetas, alterar pendientes, modificar perfiles o cambiar el escurrimiento natural del agua puede afectar no solamente al establecimiento donde se realiza la obra, sino también a campos vecinos ubicados aguas arriba o aguas abajo”, señalaron.
Castellano explicó que la construcción o el mantenimiento de un camino rural requiere analizar previamente el funcionamiento de las cuencas hídricas, la ubicación de alcantarillas, los cruces de cursos de agua, las características del suelo y el nivel de exigencia que tendrá cada traza.
“No todos los caminos tienen las mismas necesidades. No es igual un acceso para un establecimiento tambero que necesita transitabilidad diaria que un camino destinado a una explotación ganadera o agrícola. Cada caso requiere un proyecto específico del tratamiento a aplicar y de su planialtimetría”, afirmó.
Desde el Colegio también recordaron que la Provincia de Buenos Aires ya cuenta con un marco normativo que regula este tipo de obras, independientemente de quién aporte el financiamiento.
Castellano mencionó que la Ordenanza General 165/73 establece la necesidad de realizar los estudios previos, presentar los proyectos correspondientes, contar con la dirección de profesionales habilitados y obtener las aprobaciones técnicas y administrativas antes del inicio de cualquier intervención.
En ese sentido, advirtió que el hecho de que una cooperativa de productores o un consorcio rural financie una obra no elimina las obligaciones legales que deben cumplir tanto los propietarios, como los ejecutores y las autoridades estatales.
Fuente: Agencia DIB
