El oficialismo logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió eliminar dos capítulos para reunir los votos necesarios. Tras retirar el apartado sobre la extranjerización de las tierras rurales, también quedó fuera la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
El Gobierno aprobó la ley de propiedad privada pero debió ceder y eliminar dos capítulos clave.
El Gobierno logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió volver a modificar el texto para reunir los apoyos necesarios. Después de haber eliminado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo también tuvo que resignar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que no logró el respaldo de varios de sus habituales aliados.
La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. En contra se pronunciaron el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros representantes provinciales.
El proyecto finalmente mantuvo las reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y a endurecer las condiciones para las expropiaciones, dos de los principales objetivos impulsados por el Gobierno de Javier Milei en materia de protección del derecho de propiedad.
Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta pretendía flexibilizar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y por 30 años para las tierras agropecuarias.
El Gobierno argumentaba que el régimen vigente, aprobado en 2020, castigaba a los propietarios de inmuebles incendiados al impedirles desarrollar nuevos proyectos sobre esas tierras. No obstante, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas que consideró inconveniente modificar esa normativa.
Entre quienes votaron en contra de ese capítulo estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
En cambio, el capítulo referido a los desalojos prosperó con 36 votos afirmativos, ya que Terenzi optó por abstenerse. La nueva legislación establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos judiciales.
La Cámara alta había retomado el tratamiento del proyecto luego de que el Ejecutivo resolviera retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales, una decisión tomada tras la resistencia planteada por gobernadores y bloques dialoguistas que advertían sobre las consecuencias de flexibilizar el régimen de propiedad de tierras.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca “simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales” y garantizar el principio constitucional que protege la propiedad privada.
Según explicó el legislador libertario, la reforma procura brindar mayor seguridad jurídica y evitar que quienes sufren ocupaciones ilegales deban atravesar largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.
Fuente: Agencia DIB
