Un legislador del PRO impulsa una reforma legal que permitiría aplicar penas de arresto en territorio bonaerense a quienes se desempeñen como “trapitos”, limpiavidrios o cuidadores de autos en la calle sin el permiso correspondiente. La propuesta busca modificar el Código de Faltas provincial para darle un marco normativo más duro a estas prácticas.
Quien presentó la iniciativa fue el senador Guillermo Montenegro, actualmente con licencia de su cargo como jefe comunal de Mar del Plata, ciudad donde había llevado adelante durante su gestión una fuerte ofensiva contra este tipo de actividades informales vinculadas al estacionamiento callejero.
El texto ingresado esta semana en la Cámara alta bonaerense propone modificaciones en cinco artículos de la normativa vigente desde 1973, apuntando a frenar el accionar de quienes cobran por cuidar vehículos o limpiar parabrisas sin autorización estatal. Según se explica en los considerandos del proyecto, estas prácticas dejaron de ser hechos puntuales para transformarse en esquemas cada vez más estructurados, que se replicaron con fuerza creciente en distintos distritos de la provincia.
Entre los puntos centrales, la propuesta fija penas de arresto para quienes realicen estas tareas de manera ilegal, aclarando además que la sanción corresponde igual aunque el pago se presente como algo espontáneo por parte del conductor. También se busca castigar a quienes ocupen o bloqueen lugares de estacionamiento usando conos, cadenas, sogas, vallas, cajones u otros objetos que limiten su uso libre.
El proyecto contempla penas más severas en determinadas circunstancias: cuando haya amenazas, presión, hostigamiento o pedidos insistentes de dinero; cuando se aproveche alguna situación de vulnerabilidad del automovilista; o cuando la actividad sea llevada adelante por dos o más personas de forma coordinada o con una organización previa detrás. También se suma como agravante que la persona tenga antecedentes por delitos similares, que oculte su identidad de manera intencional o que porte algún tipo de arma no convencional.
Por otro lado, la iniciativa endurece las sanciones para aquellos que organicen, financien, coordinen o saquen provecho económico de estas redes, y habilita la intervención de las autoridades correspondientes ante sospechas de complicidad de funcionarios públicos o efectivos de fuerzas de seguridad. Finalmente, incluye multas para clubes, entidades u organizadores de eventos en los casos donde se demuestre su vinculación, directa o indirecta, con estas actividades.
Fuente: Agencia DIB
