La acusación sostiene que la firma cooptó la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025 para controlar la compra de medicamentos de alto costo.
El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei. Dispuso, además, la inhibición general de bienes de los dos.
Lijo tomó su decisión menos de 24 horas después de que se incorporara a la causa el pedido de citaciones e inhibiciones. Las indagatorias fueron promovidas, este miércoles, por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez -titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)-, que sostuvieron que la droguería de los Kovalivker había “cooptado” la Andis y organizado un esquema de cartelización y sobreprecios.
En total, los fiscales solicitaron 43 indagatorias y casi todas ya fueron ordenadas hoy por Lijo, que citó a 36 personas por primera vez y ordenó que amplíen sus declaraciones otros tres acusados que ya habían sido indagados. En el mismo fallo, Lijo dispuso este jueves la inhibición de bienes de 36 imputados; en su mayoría, representantes de las empresas que, según los fiscales, participaron de la cartelización.
Las audiencias empezarán el jueves próximo, con las declaraciones de los hermanos Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de la droguería Suizo Argentina. Se extenderán hasta el 26 de noviembre.
El 3 de noviembre, en la segunda jornada de indagatorias, deberán presentarse otros directivos de esa misma droguería: Sebastián Nuner Uner (director de Asuntos Corporativos), Gonzalo Zarbo (gerente de la División Tratamientos Especiales) y Fernando Domínguez (coordinador de Tratamientos Especiales).
Dos acusados clave en esta causa declararán la última semana de la ronda de indagatorias: para el 24 de noviembre está citado Pablo Atchabahian, el presunto lobbista de los Kovalivker en la Andis, y para el 25 de ese mismo mes, Miguel Ángel Calvete, otro hombre señalado como operador en la Agencia de Discapacidad, acusado además de haber sobornado a Diego Spagnuolo, que era el titular del organismo. Atchabahian, Calvete y Spagnuolo están procesados ya en este expediente.
Lijo sostuvo que correspondía congelar los patrimonios de 36 de los acusados para evitar que se desprendan de sus bienes. En el mismo fallo en el que ordenó las indagatorias, el juez advirtió: “Debe tenerse en cuenta que el escenario antes descripto [de sospecha sobre los acusados] impone la necesidad de adoptar, con la mayor premura posible, medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de resguardar aquellos bienes que eventualmente pudieran ser objeto de decomiso en una etapa posterior del proceso, o bien quedar comprendidos frente a la determinación de algún tipo de responsabilidad pecuniaria o de una eventual reparación”.
Para garantizar que ninguno de los inhibidos se desprenda de sus bienes registrables, el juez ordenó comunicar el fallo de hoy a los registros de la Propiedad Inmueble, de la Propiedad Automotor, de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil y de Buques, así como al Presidente del Jockey Club Argentino.
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