Los gremios exigen un incremento salarial de 33,4%. El Gobierno nacional en la última mesa paritaria ofreció un 3%.
Los docentes universitarios de todo el país realizan desde este miércoles y hasta el viernes inclusive un nuevo reclamo al Gobierno nacional para que aplique la recomposición salarial que estableció la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y con una medida cautelar en la Justicia.
La medida de 72 horas es una continuidad de la realizada la semana pasada, tras un nuevo fracaso en la paritaria salarial. La encabezarán, entre otras entidades, la Conadu y la Conadu Histórica, dos sectores con fuerte representatividad entre los docentes.
Los universitarios piden que el Gobierno del presidente Javier Milei cumpla con la recomposición salarial del 33,4% que prevé la normativa y la intimación de cinco días del juez federal Martín Cormick, que venció ayer. Sin embargo, la Casa Rosada apeló la medida.
Con este paro de tres días, que no sólo impactará en muchas facultades sino en colegios dependientes de las altas casas de estudios, en el año ya se van a perder alrededor de 35 días de clases, lo que complica los contenidos pedagógicos.
La medida de fuerza es parte del plan de lucha de cara a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, donde las entidades educativas volverán a marchar en las calles para reclamarle al Gobierno por el desfinanciamiento en la educación universitaria. La organización indicó que se van a realizar acciones de agite y visibilización del conflicto en los días previos.
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario.
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