El ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa, cerró la última charla en el Congreso Productivo Bonaerense donde aseguró que las suspensiones y los adelantos de vacaciones ya no alcanzan y que ahora se empieza a notar el cierre de empresas y despidos directos.
El ministro de Trabajo, Walter Correa, advirtó que “se terminaron las suspensiones, ahora son cierres y despidos”.
El ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa, cerró la última charla en el Congreso Productivo Bonaerense con un diagnóstico preocupante: al asegurar que las suspensiones y los adelantos de vacaciones ya no alcanzan y que ahora se empieza a notar el cierre de empresas y despidos directos.
Puso como ejemplo el caso de Granja Tres Arroyos, que despidió a más de 1.200 trabajadores y se presentó en concurso de acreedores. El ministerio intentó frenar la situación con una conciliación obligatoria, pero el contexto sigue siendo difícil por la caída del consumo y la falta de acuerdos comerciales.
En el plano político, Correa mostró expectativas de cara a la unificación del peronismo y destacó el rol de Axel Kicillof, a quien definió como un gobernador que defiende los intereses del pueblo. El Congreso también sirvió como espacio para mostrar el apoyo al gobernador.
El debate sobre la reforma laboral en Argentina se profundizó durante el Congreso Productivo Bonaerense, donde especialistas y funcionarios expusieron diagnósticos coincidentes sobre sus efectos. El abogado e investigador de la UNSAM, Juan Manuel Ottaviano, sostuvo que la iniciativa fracasó en sus objetivos declarados de generar empleo y reducir la informalidad. “Solo provocó una explosión del monotributo” señaló.
El investigador destacó que el cambio en las relaciones laborales es profundo pero desigual, con una dispersión salarial creciente y pluriempleo en las grandes ciudades. En ese sentido, advirtió que “en el horizonte se discuten nuevos derechos para el mundo del trabajo, en un debate entre cámaras empresarias y trabajadores”.
La asesora del gobernador y economista Mara Ruiz Malec planteó la necesidad de recuperar salarios e ingresos, atender demandas como la flexibilidad horaria, la conciliación entre trabajo y familia, y la salud mental. Propuso nuevas normas de empleo, banco de horas, mejor fiscalización federal y un gran programa nacional de empleo articulado con provincias y municipios .
Por otra parte, la economista Débora Giorgi y secretaria de Producción de La Matanza advirtió que “es muy difícil generar o recuperar derechos sin crecimiento económico”. Sostuvo que el programa actual “destruye la industria” y que la informalidad (que afecta al 44% del empleo a nivel nacional) implica falta de protección estatal. Para bajarla, consideró necesarias políticas industriales innovadoras, ecológicas y de distribución del ingreso en el contexto de repensar la transición hacia la inteligencia artificial.
El desafío es conciliar la protección de derechos laborales con un mercado en transformación tecnológica, sin que la flexibilización se traduzca en mayor precariedad.
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