El Gobierno bonaerense cuestionó la autorización del Consejo Federal Pesquero para sumar embarcaciones destinadas a la captura de calamar. Advirtió que solo uno de los proyectos prevé desembarcar en Mar del Plata y que los nuevos barcos serán importados.
La conferencia de prensa encabezada por Javier Rodriguez y Carla Seain en Mar del Plata.
El Gobierno bonaerense advirtió que la incorporación de 18 nuevos buques poteros para la pesca de calamar pone “en jaque” el trabajo y la producción del puerto de Mar del Plata y denunció que el proceso para otorgar los permisos perjudicó deliberadamente a la Provincia.
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, encabezaron una conferencia de prensa en la ciudad balnearia junto a representantes de trabajadores y del sector portuario para rechazar la decisión adoptada por mayoría en el Consejo Federal Pesquero (CFP), donde la representante bonaerense votó en contra.
“La licitación se hizo con la cancha inclinada”, afirmó Rodríguez, quien sostuvo que los proyectos que establecían como lugar de desembarque un puerto bonaerense recibían menor puntaje y quedaban así en peores condiciones para obtener los permisos.
Según explicó, el resultado terminó confirmando las objeciones planteadas por la Provincia: de los 18 proyectos seleccionados, solo uno contempla a Mar del Plata como puerto de desembarque.
El ministro también cuestionó que ninguno de los proyectos esté asociado a astilleros argentinos, por lo que las 18 embarcaciones serán importadas. Además, puso en duda el sustento técnico de la decisión al señalar que no existía un estudio científico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) sobre el impacto de incorporar esos barcos.
Seain, representante bonaerense ante el CFP, advirtió que los efectos no serán inmediatos, sino que comenzarán a sentirse cuando las nuevas embarcaciones entren en actividad. Según señaló, todavía no existe un análisis del Inidep sobre el incremento del esfuerzo pesquero que implicará la medida.
La funcionaria remarcó que no debe considerarse únicamente la capacidad de bodega de los nuevos poteros, de entre 1.200 y 1.300 toneladas, sino también su mayor desarrollo tecnológico frente a las embarcaciones que actualmente operan en la actividad.
“Se pone en jaque no solo la producción y el trabajo, sino también la soberanía nacional”, sostuvo Seain, quien destacó además que buena parte de las empresas beneficiadas son extranjeras.
Desde el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), su secretario general, Carlos Mezzamico, alertó que la llegada de los nuevos buques podría reducir a la mitad la duración de la campaña y provocar que los trabajadores pierdan “uno o dos meses de trabajo”.
La Provincia presentó un pedido de reconsideración administrativa ante el Consejo Federal Pesquero y analiza individualmente los expedientes correspondientes a los 18 proyectos adjudicados.
Fuente: Agencia DIB
